El tribunal penal internacional para ruanda es un tribunal dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instituido en 1994 para procurar el procesamiento de aquellas personas acusadas de haber cometido, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año, actos genocidas y crímenes contra la humanidad en Ruanda o en los países vecinos durante el conflicto interétnico entre tutsis y hutus.
Su establecimiento fue aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su resolución 955 del 8 de noviembre de 1994, y su sede se fijó en la ciudad de Arusha (Tanzania). Con su fundación, la ONU pretendía evitar, dada la inexistencia de un tribunal y de un código penal internacionales, la impunidad de los actos de genocidio que tuvieron lugar en Ruanda en la época mencionada, delitos considerados imprescriptibles. Vinculado desde su nacimiento al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (con el que de hecho comparte la misma Sala de Apelaciones), el dedicado a los crímenes cometidos en Ruanda está compuesto por nueve jueces, que atienden tres salas de primera instancia, y cuenta en su conjunto con más de 870 personas pertenecientes a 80 nacionalidades que trabajan en los cometidos que le son propios. A comienzos de 2004 el tribunal había arrestado y juzgado a más de 50 personas, incluidos los dirigentes políticos ruandeses que condujeron al país al desastre en aquel fatídico año. Se calcula que entre 500.000 y 1.000.000 de ruandeses tutsis fueron masacrados en 1994, y que otro millón y medio de compatriotas huyó a los Estados limítrofes.
En una conferencia celebrada en 1998 en la ciudad italiana de Roma, 120 países miembros de la ONU aprobaron el estatuto jurídico del futuro Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas, cuya misión será precisamente convertirse en un organismo judicial de carácter permanente que alcance una competencia mundial para el enjuiciamiento de delitos del tipo de los perseguidos por los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda.
